Reforma al Infonavit causa polémica en México

La reforma a la ley del Infonavit promete transformar profundamente el sistema de vivienda en México, con cambios que abarcan desde la reestructuración del gobierno corporativo hasta la ampliación del acceso a la vivienda social. Esto ha generado un intenso debate debido a su impacto en la estructura tripartita del organismo y los recursos de los trabajadores. Los sindicatos han alzado la voz en contra de los cambios propuestos, temiendo una pérdida de poder en la toma de decisiones, mientras que los empresarios han mantenido una postura más pasiva, limitándose a solicitar diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los aspectos más destacados, se encuentra la modificación del artículo 123 de la Constitución, que permitirá establecer un sistema con orientación social para ofrecer créditos baratos y suficientes a los trabajadores. Además, por primera vez, se incluirán esquemas de arrendamiento social para quienes no pueden adquirir una vivienda, con pagos no mayores al 30% de sus salarios.

El plan también implica que las empresas estarán obligadas a seguir aportando al fondo de vivienda, cuyos recursos ahora podrán ser utilizados por el Gobierno para proyectos de adquisición de suelo y construcción de viviendas económicas. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que esta reforma será clave para cumplir su objetivo de construir un millón de viviendas durante su sexenio, lo que, aseguran, busca beneficiar especialmente a trabajadores de bajos ingresos y jóvenes sin acceso a créditos tradicionales.

¿Por qué son polémicos los cambios en la ley del Infonavit?

Uno de los cambios más polémicos es la centralización del poder en el Gobierno dentro de los órganos del Infonavit. Esto incluye reducir el número de integrantes en los comités reguladores, que ahora estarán compuestos por una mayoría de representantes gubernamentales. Además, el director general será designado directamente por la presidenta, eliminando el esquema de elección previa. Estas modificaciones han generado preocupación entre sindicatos y opositores, quienes temen que la reducción de contrapesos comprometa la transparencia y la rendición de cuentas.

Otro punto de controversia es el acceso del Gobierno a los recursos del fondo, que ascienden a más de 2 billones de pesos, provenientes de las aportaciones de los trabajadores. Aunque las autoridades han asegurado que estos ahorros están protegidos, críticos como senadores de oposición y sindicatos alertan sobre el riesgo de discrecionalidad en su uso, especialmente ante los precedentes de opacidad en otras obras emblemáticas del país.

En términos de impacto, la reforma busca beneficiar directamente a más de 7,3 millones de trabajadores con ingresos menores a dos salarios mínimos, quienes actualmente enfrentan barreras para adquirir vivienda digna. Sin embargo, también plantea retos significativos en materia de gobernanza y confianza pública, ya que la reducción de comités tripartitos y el aumento de poder gubernamental han intensificado el rechazo de sindicatos y organizaciones empresariales. La clave estará en lograr un equilibrio entre los objetivos sociales y la seguridad de los recursos para evitar que esta ambiciosa reforma se convierta en un campo de confrontación política y social.