Peña Nieto bajo investigación por presunto soborno millonario

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva investigación contra Enrique Peña Nieto, expresidente de México, tras revelaciones sobre un presunto soborno de 25 millones de dólares relacionado con la venta del software espía Pegasus durante su administración. La indagatoria cobra relevancia geopolítica y jurídica, ya que podría involucrar a empresas israelíes, redes de lavado de dinero y cuentas bancarias en Estados Unidos.

La decisión de la FGR de reactivar el caso Pegasus responde a nuevas pruebas divulgadas por el medio israelí The Marker, que vinculan a Peña Nieto con empresarios israelíes que habrían pagado sobornos para asegurar contratos con el gobierno mexicano. El fiscal Alejandro Gertz Manero anunció que se solicitará formalmente al gobierno de Israel la incorporación de esta información al expediente, en un intento por fortalecer el caso dentro de marcos jurídicos internacionales.

Organizaciones como R3D y Artículo 19 han denunciado durante años la falta de voluntad política para esclarecer el uso del software Pegasus en México, utilizado para espiar a periodistas, activistas y funcionarios. Luis Fernando García, director de R3D, señaló que incluso en el actual gobierno se siguió contratando tecnología vinculada al mismo conglomerado israelí. Además, los documentos revelan presuntos mecanismos de lavado de dinero y triangulación de fondos a través de organizaciones extranjeras.

El director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, consideró que la nueva evidencia refuerza las declaraciones del testigo protegido “Zeus”, quien en 2023 detalló la participación de empresas mexicanas en operaciones de espionaje al servicio de altos funcionarios. A pesar de los señalamientos, sólo un operador técnico ha sido procesado hasta ahora, mientras que las responsabilidades de alto nivel permanecen sin esclarecer.

El caso refleja un patrón de opacidad en torno al uso de Pegasus, donde las investigaciones oficiales han avanzado más lentamente que las llevadas a cabo por periodistas y organizaciones civiles. La FGR enfrenta ahora el desafío de romper con esa inercia y demostrar capacidad para procesar delitos de corrupción transnacional. Esta nueva fase de la investigación podría marcar un punto de inflexión si se logra cooperación efectiva con autoridades extranjeras y se identifican responsabilidades a nivel gubernamental.