Presidente Petro declara emergencia en Catatumbo por conflicto armado
La región del Catatumbo en Colombia enfrenta una grave crisis humanitaria con al menos 60 muertos y más de 18,000 desplazados debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias FARC.
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, enfrenta una severa crisis humanitaria debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC. Según un informe de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los últimos cinco días se han registrado al menos 60 muertes, más de 18,000 personas desplazadas y la interrupción de clases para 46,000 niños y adolescentes.
La violencia se ha concentrado en municipios como Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego. Las personas desplazadas han buscado refugio en ciudades como Ocaña y Cúcuta, en busca de protección y asistencia. Además, más de 1,000 personas de 23 comunidades indígenas permanecen confinadas sin poder salir de sus territorios, y al menos 30 personas han sido privadas ilegalmente de su libertad por parte de los grupos armados.
Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha declarado los estados de conmoción interior y emergencia económica para intentar recuperar el control de la región y salvar a la población afectada. La ONU ha documentado violaciones significativas al Derecho Internacional Humanitario, incluyendo el confinamiento de comunidades indígenas, secuestros y asesinatos de defensores de derechos humanos.
La ONU insta al gobierno colombiano a implementar medidas estructurales para desmantelar las organizaciones criminales y permitir una vida en paz para los habitantes del Catatumbo. A pesar del refuerzo de seguridad con más de 500 efectivos adicionales, la violencia y las amenazas a líderes sociales persisten en la región.
La comunidad internacional observa con preocupación la escalada del conflicto en el Catatumbo, resaltando la urgente necesidad de soluciones que garanticen la protección de los derechos humanos y el restablecimiento de la paz en esta zona históricamente afectada por la violencia.