Reforma judicial ya ha sido aprobada en Congresos de 18 estados

En menos de 24 horas desde su aprobación en el Senado, la reforma al Poder Judicial ha sido ratificada por 18 congresos estatales. La primera entidad en aprobar la medida fue Oaxaca, donde 41 legisladores dieron su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador. Este movimiento marca un paso crucial en el proceso de modificación del sistema judicial del país, con el objetivo de democratizarlo y garantizar una mayor participación ciudadana.

Tabasco fue el segundo estado en avalar la reforma, en medio de protestas de trabajadores del Poder Judicial. La votación resultó en 24 votos a favor y 8 en contra, destacando la ausencia de los diputados del PT, partido aliado de Morena. En el Congreso de Veracruz, la aprobación ocurrió en una sesión urgente con 32 votos a favor, mientras manifestantes afuera del recinto se oponían a la reforma. Estas protestas reflejan la tensión que ha generado la propuesta en varios sectores de la sociedad.

Hasta el momento, la reforma ha sido aprobada por los congresos de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Yucatán, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Durango, Baja California, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. La propuesta, que incluye la elección popular de jueces, ha sido motivo de manifestaciones en diversas entidades, donde se ha cuestionado la posible politización del sistema judicial.

Sin embargo, el Congreso del estado de Querétaro se convirtió en el primer órgano legislativo estatal en rechazar la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial. El dictamen fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, donde la mayoría votó en contra. Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Seguro lideraron la oposición, mientras que solo Christian Orihuela, de Morena, emitió un voto a favor.

Con la aprobación en al menos 18 congresos estatales, la reforma al Poder Judicial está ahora en la última fase antes de ser promulgada por el Ejecutivo. La polarización en torno a esta medida refleja el profundo impacto que tendrá en la estructura del sistema judicial mexicano, que se encamina hacia un cambio significativo en su funcionamiento y en la relación con los ciudadanos.