Transportistas en Perú paralizan el país exigiendo mayor seguridad

Desde el 10 de octubre, Perú vive un paro nacional impulsado por gremios transportistas y comerciantes, quienes exigen la derogación de la Ley 32108, la cual consideran insuficiente para combatir la creciente inseguridad y extorsiones. Las movilizaciones, que se intensificaron este miércoles 23 de octubre, buscan más severas contra el crimen organizado, así como la renuncia del ministro de Medidas del Interior, Juan José Santivañez.

La Ley 32108, que ha sido el centro de las críticas, limita la definición de organizaciones criminales, excluyendo a bandas que cometen delitos en menor escala. Esta restricción ha generado un aumento de extorsiones y otros crímenes en diferentes regiones del país, particularmente afectando a los transportistas, quienes denuncian que la inseguridad ha puesto en riesgo su trabajo y sus vidas.

Las marchas se han concentrado en el Centro de Lima, movilizando a gremios de transportistas y comerciantes de distritos como Gamarra, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho. Los manifestantes han dejado claro que no solo exigen la derogación de la ley, sino también un plan integral para combatir el sicariato y las extorsiones, que se han vuelto parte del día a día en varias zonas del país.

Además del sector transportista, los comerciantes del emporio textil de Gamarra se han unido a las protestas, resaltando que la delincuencia está afectando seriamente la actividad económica del país. El paro ha causado que muchas clases escolares y universitarias se trasladen a la modalidad virtual, y se han implementado medidas de contingencia en el transporte urbano, aunque la paralización ha afectado considerablemente la movilidad en Lima y Call.

El gobierno, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, ha intentado minimizar el impacto de las protestas. Boluarte afirmó que "un paro o dos no resuelven el problema" y destacó que, pese a las extorsiones y la criminalidad, la economía del país sigue estable. Según la mandataria, Perú mantiene una moneda fuerte y un mercado abastecido, a diferencia de otros países de la región.

Sin embargo, los manifestantes consideran que la respuesta del gobierno es insuficiente. Además de la derogación de la ley, exigen la creación de un plan de seguridad más efectivo que proteja tanto a los transportistas como a los comerciantes, quienes son víctimas recurrentes de las mafias.

A pesar de los intentos del gobierno por deslegitimar las protestas, se espera que las movilizaciones continúen en los próximos días, con el apoyo de más gremios y organizaciones sociales que exigen cambios concretos en las políticas de seguridad del país.