Petro convocará consulta popular sobre reforma laboral

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que convocará por decreto una consulta popular sobre su proyecto de reforma laboral, tras el rechazo del Congreso a un referendo que buscaba someter a votación ciudadana sus propuestas. El mandatario calificó de “fraudulenta” la votación en el Senado que bloqueó la iniciativa, lo que lo llevó a tomar esta decisión, informada durante una alocución televisiva el 3 de junio.

El gobierno había planteado inicialmente una consulta con doce preguntas centradas en la ampliación de derechos laborales. Sin embargo, la iniciativa fue detenida en el Congreso, donde 49 senadores votaron en contra y 47 a favor. Petro sostiene que el proceso legislativo fue manipulado y que la decisión del Senado no refleja la voluntad popular, por lo que presentará el decreto a la Corte Constitucional para su revisión.

El anuncio provocó un fuerte rechazo por parte de sectores de la oposición y varios partidos políticos, que lo tildaron de una acción inconstitucional. Alexander Vega Rocha, exregistrador nacional y actual director del Partido de la U, afirmó que convocar una consulta popular sin el aval del Senado contraviene la Constitución y que cualquier funcionario que lo permita podría incurrir en un delito. Ocho partidos firmaron una carta conjunta en la que califican la medida como un “golpe de Estado”.

Desde el gobierno, en cambio, se ha defendido la legitimidad del mecanismo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que la consulta podría celebrarse entre finales de julio y principios de agosto. Petro argumentó que la Corte será quien determine si el decreto es válido, y afirmó que el pueblo colombiano es el único titular legítimo del poder político.

El debate ha trascendido lo jurídico para instalarse también en el terreno político. Mientras que opositores advierten que se está erosionando el equilibrio de poderes, el presidente acusa a las instituciones de obstaculizar su agenda social. La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá resolver si el decreto cumple con los requisitos legales para permitir la realización de la consulta.