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Productores de larva de camarón denuncian grave crisis ante las autoridades ecuatorianas

La Asociación de Productores de Larvas de Camarón - ASOLAP denuncia grave crisis y reclama cumplimiento de la ley.

Productores de larva de camarón denuncian grave crisis ante las autoridades ecuatorianas
Productores de larva de camarón denuncian grave crisis

El Gremio Larvicultor, compuesto por empresas dedicadas a la maduración y a la producción de larvas, primer eslabón de la cadena de la industria camaronera, ha solicitado a las autoridades realizar los controles que sean necesarios para impedir que se sigan comercializando larvas producidas ilegalmente.

En ese sentido, la Asociación de Productores de Larvas de Camarón - ASOLAP, realizaron una visita en su despacho al Abogado Andrés Arens, Viceministro de Acuacultura y Pesca, para exponerle la grave situación que ha venido atravesando el sector Larvicultor en los últimos años.  

Como antecedentes, es importante indicar que el gran crecimiento dado en las exportaciones de camarón, se debe, entre otros factores, a la calidad de la larva que se produce, pues se ha logrado desarrollar animales resistentes a enfermedades y con potencialidad de crecimiento cada vez mayores y en menor tiempo; sin embargo, la bonanza económica de las exportaciones camaroneras no ha sido percibida por los Larvicultores, principalmente por los precios excesivamente bajos debidos de una competencia desleal.

Mientras que, en el mundo se paga un precio promedio entre 4 y 6 dólares por millar de larvas, en el Ecuador por la misma cantidad se paga apenas $ 2.00 promedio, a pesar de que los costos de producción en el país son altos. El sector formal se abastece de insumos a precios internacionales y opera con uno de los costos de mano de obra más caros de la región; sin embargo, este precio de venta, que es 55% más bajo que el precio internacional, se ha mantenido durante los últimos 5 años a pesar del gran crecimiento de la industria y sus exportaciones.

Es importante manifestar que, esta situación se genera gracias a la proliferación de laboratorios informales, quienes operan sin haber obtenido el debido acuerdo ministerial. Acorde a las estimaciones del gremio, existen alrededor de 450 laboratorios en el país, de los cuales la mitad son irregulares, quienes además no afilian a sus trabajadores, adquieren insumos en el mercado negro (probablemente robados), y compiten de manera desleal operando con costos de producción ilícitos y completamente irreales. 

De ahí que, en la visita realizada a las autoridades y como puntos relevantes que se acordaron en este encuentro, se pueden resaltar:

-    La realización de controles en carretera para certificar que las larvas que circulan en el país son producidas legalmente, con la facultad que acompaña a la Subsecretaría de Acuacultura de incautar aquellas que no puedan ser justificadas con la documentación pertinente.

-    El compromiso de trabajo en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para prohibir la emisión de comprobantes de venta o retenciones a quienes no cuenten con acuerdo ministerial que avale su calidad de productores de larvas.
-    La intensificación de controles, por parte del Viceministerio de Acuacultura (como ente rector), en establecimientos que operen sin acuerdo ministerial.

El Presidente de Asolap, Rafael Verduga manifestó: “Agradecemos la apertura del Viceministro Arens Y el Subsecretario Vedani, pero sobre todo el ofrecimiento que nos han hecho para luchar contra la informalidad. Estaremos expectantes de las acciones a las que se han comprometido, y que se hagan todos los controles que lastimosamente no se hicieron en administraciones anteriores y cuyas falencias nos han llevado a la situación crítica en la que estamos”.

El Gremio Larvicultor quiere enfatizar que no ha solicitado regulaciones adicionales, beneficios especiales, o que se limite la competencia, lo que el sector exige es que se haga cumplir la ley. La LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA Y PESCA, aprobada en el año 2020, y su Reglamento, que fue expedido en febrero de este año, brindan todas las facultades e instrumentos necesarios para que el ente rector realice los controles y las clausuras respectivas.