Aprueban en lo general reforma que elimina 7 órganos autónomos en México

La Cámara de Diputados de México aprobó una controvertida reforma constitucional que busca extinguir siete organismos autónomos con el objetivo de reducir el gasto público. Con 347 votos a favor del bloque oficialista, la propuesta avanzó pese a la fuerte oposición de legisladores que alertaron sobre riesgos económicos y jurídicos, incluyendo posibles conflictos con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y rebajas en la calificación crediticia del país.

Entre los organismos afectados destacan el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las funciones de estas entidades se transferirán a diversas secretarías y dependencias del gobierno federal. Sin embargo, Morena, el partido en el poder, propuso ajustes de última hora para otorgar cierta autonomía técnica a los nuevos organismos descentralizados que asumirán las tareas de la Cofece y el IFT.

El oficialismo argumentó que la reforma generará ahorros anuales estimados en 5,000 millones de pesos y permitirá una mejor gestión pública. No obstante, la oposición denunció la concentración de poder, la opacidad y el riesgo de afectar la competitividad económica. Analistas también han advertido que esta medida podría violar disposiciones del T-MEC, especialmente en el sector telecomunicaciones, lo que podría traer sanciones comerciales.

Además de los conflictos internacionales, la reforma ha despertado preocupación en el ámbito financiero. Expertos señalan que el debilitamiento de los marcos institucionales podría derivar en rebajas a la calificación crediticia de México, lo que encarecería el acceso al financiamiento. La perspectiva de la agencia Moody's ya se ajustó a negativa, mientras que otras calificadoras podrían seguir el mismo camino si persiste la incertidumbre.

Con su mayoría en el Senado, el oficialismo prevé la rápida aprobación de la reforma, que posteriormente deberá ser ratificada por los congresos locales. Este cambio estructural marca un precedente en la administración pública mexicana y plantea un desafío para equilibrar las prioridades económicas con la estabilidad institucional.