Dina Boluarte enfrenta cuestionamientos por presunto abandono temporal de funciones

La Fiscalía de la Nación de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo. Esto, tras revelarse que se sometió a una operación quirúrgica en 2023, lo que la dejó temporalmente incapacitada para ejercer su función sin haber notificado al Consejo de Ministros ni al Congreso de la República. La investigación está a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que Boluarte se sometió a una intervención nasal por problemas respiratorios y aseguró que mantuvo contacto telefónico constante con ella durante su recuperación. Sin embargo, la agenda oficial de la presidenta entre el 29 de junio y el 9 de julio del 2023 no registra actividades, y varios miembros del Ejecutivo han señalado que no recibieron comunicación directa de la mandataria en ese periodo.

La falta de claridad sobre el estado de la presidenta generó diversas especulaciones en el ámbito político. Mientras Otárola insiste en que no hubo un vacío de poder, otros funcionarios, como una exministra que prefirió el anonimato, han señalado una notable ausencia de la mandataria durante esos días. Incluso se llegó a rumorar que Boluarte había contraído Covid-19, lo cual fue descartado posteriormente.

Desde el Ejecutivo, las autoridades han negado cualquier irregularidad. Boluarte calificó de tendenciosas las preguntas de la prensa respecto al tema, mientras que su sucesor en la PCM, Gustavo Adrianzén, acusó a Otárola de “desleal” por sus declaraciones. No obstante, la investigación avanza en el Ministerio Público, sumándose a otras indagaciones en curso contra la presidenta, como las relacionadas con presunto lavado de activos y organización criminal por aportes a campañas políticas.

Los congresistas también han expresado posturas divididas. Mientras algunos, como Ernesto Bustamante, consideran que no hay evidencia suficiente para acusar a Dina Boluarte de abandonar el cargo, otros, como Américo Gonza, insisten en que la investigación es necesaria para esclarecer los hechos. El caso ocurre en un contexto de tensiones políticas marcadas por denuncias previas contra la mandataria.

La situación plantea preguntas sobre la transparencia del Ejecutivo y el cumplimiento de los protocolos en casos de incapacidad presidencial. Las indagaciones en curso no solo buscarán esclarecer si se cometieron delitos, sino también si existió un manejo responsable del poder en ausencia de Boluarte. El resultado podría impactar el ya frágil panorama político del país.