EE.UU. sanciona a la presidenta de la CPI

Estados Unidos impuso este martes 18 de agosto sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, y el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal del tribunal. La medida amplía la ofensiva del Gobierno de Donald Trump contra la institución con sede en La Haya.

El secretario de Estado Marco Rubio justificó las sanciones al señalar que ambos funcionarios participaron directamente en acciones de la CPI para investigar, detener o perseguir a representantes de gobiernos que no reconocen la jurisdicción del tribunal. Las medidas incluyen restricciones de viaje a Estados Unidos y congelamiento de activos en el país.

Rubio también sostuvo que "la administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía".

Washington endurece su campaña

Las nuevas medidas se producen después de que Rubio anticipara en julio un endurecimiento de la campaña para desmantelar la corte. Washington ya había sancionado a otros jueces y fiscales de la CPI, especialmente por investigaciones relacionadas con Israel, uno de sus principales aliados.

Akane cumple principalmente responsabilidades institucionales y de representación como presidenta de la Corte Penal Internacional, mientras que Seye habría estado relacionado con investigaciones sobre el financiamiento de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos.

La CPI rechaza las presiones

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos porque nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal. La Administración Trump sostiene una posición similar respecto de Israel, que tampoco forma parte de ese acuerdo internacional.

La Corte Penal Internacional respondió que las sanciones "socavan el Estado de derecho" y advirtió que las presiones contra quienes aplican la ley ponen en riesgo el sistema jurídico internacional. La institución aseguró que continuará trabajando "con independencia e imparcialidad" y conforme al Estatuto de Roma.

Las medidas contra Akane y Seye representan un nuevo episodio de la confrontación entre Washington y la CPI, en un contexto marcado por las investigaciones del tribunal sobre posibles responsabilidades internacionales y por el rechazo de Estados Unidos a su jurisdicción.