Exministro surcoreano intenta suicidarse tras ser acusado de insurrección
Investigación por la ley marcial sacude a la clase política de Corea del Sur
El intento de suicidio del exministro de Defensa surcoreano Kim Yong-hyun en el centro de detención de Seúl ha puesto de manifiesto la gravedad de las acusaciones que enfrenta por su implicación en la declaración de la ley marcial en el país la semana pasada. Kim, considerado una figura central en el plan para instaurar el estado de excepción, fue arrestado formalmente este miércoles bajo cargos de insurrección y abuso de poder.
El fallido intento de Kim se produjo en su celda, donde intentó acabar con su vida antes de ser descubierto por los guardias penitenciarios. Según el comisionado general del Servicio Correccional de Corea, Shin Yong-hae, “Kim desistó en el momento en el que nos apresuramos a entrar en su celda”. Actualmente, el exministro se encuentra en una celda especial y su vida está fuera de peligro, según informaron las autoridades.
Los fiscales alegan que Kim intentó obstruir derechos fundamentales durante las seis horas en las que estuvo vigente la ley marcial, entre el martes y el miércoles de la semana pasada. También lo acusan de eliminar conversaciones en la aplicación Telegram y cambiar de teléfono tras la declaración del estado de excepción, lo que consideran intentos de destruir pruebas.
Durante los tres interrogatorios a los que fue sometido, Kim defendió sus acciones, afirmando que nunca fueron ilegales ni inconstitucionales. Su arresto formal podría acelerar la investigación en torno al presidente Yoon Suk-yeol, quien también enfrenta cargos de insurrección y traición. A Yoon se le ha prohibido salir del país mientras continúa la investigación.
En paralelo, la Policía surcoreana realizó este miércoles un registro en la Oficina Presidencial, la Policía Metropolitana de Seúl y el cuartel policial del Parlamento como parte de las investigaciones sobre la imposición de la ley marcial. Aunque el presidente Yoon no estaba en su despacho durante la redada, las autoridades confirmaron que recopilaron documentación relevante.
La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO) indicó que podría solicitar la detención de Yoon si se cumplen las condiciones legales necesarias. El presidente de la CIO, Oh Dong-woon, declaró que “se está llevando a cabo una investigación exhaustiva y se revisará la cuestión del arresto”.
La controvertida declaración de la ley marcial parece haber estado motivada por la protección de intereses personales y políticos, incluyendo la supervivencia del gobierno de Yoon y la defensa de la primera dama, quien enfrenta acusaciones de corrupción. Tras la fallida moción parlamentaria para destituir al presidente, el conservador Partido del Poder Popular (PPP) anunció su intención de buscar una salida “ordenada y temprana” de Yoon del poder. Mientras tanto, el primer ministro Han Duck-soo asumirá temporalmente responsabilidades clave del gobierno.
La investigación sobre la ley marcial y las acusaciones contra altos funcionarios como Kim Yong-hyun y el presidente Yoon Suk-yeol han desatado una crisis política en Corea del Sur. Este episodio no solo pone en entredicho la integridad de las instituciones del país, sino que también subraya la fragilidad de su liderazgo político en momentos de tensión. La resolución de este caso será crucial para determinar el futuro del gobierno y restablecer la confianza de la población en sus autoridades.