Nuevas normas para la jubilación anticipada en trabajos peligrosos en España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado un proyecto de real decreto para regular los coeficientes reductores de la edad de jubilación en trabajos penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres. Esta propuesta, que se encuentra en proceso de información pública, permitirá que empleados de estos sectores accedan a la jubilación desde los 52 años sin que su pensión se vea reducida. No obstante, el coste de este adelanto será cubierto tanto por las empresas como por los propios trabajadores a través de un incremento en las cotizaciones sociales.

Este avance normativo, acordado previamente con sindicatos y patronales, llega en un contexto de creciente presión social. La huelga convocada por transportistas, quienes reclaman jubilación anticipada sin recortes, no se verá directamente afectada por esta reforma, ya que sus solicitudes se rigen por la normativa anterior, al haber sido presentadas en 2011. Para acogerse a los cambios actuales, deben reiniciar el proceso.

La implantación de los coeficientes reductores no será automática. Los sectores o empresas que deseen aplicar esta medida deberán cumplir con nuevos requisitos, incluida la presentación conjunta de la solicitud por parte de empresarios y trabajadores. Este procedimiento establece que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social puede intervenir de oficio en algunos casos, aunque hasta la fecha esta posibilidad no ha prosperado.

Impacto económico y nuevas cotizaciones

El ministerio ha aclarado que la aplicación de estos coeficientes reducirá la edad de jubilación, pero generará un incremento en las cotizaciones por contingencias comunes tanto para empresas como para empleados. Así, el impacto presupuestario será neutral, compensando el coste del adelanto de la pensión con mayores ingresos derivados de las nuevas cotizaciones. En el caso de los trabajadores autónomos, ellos asumirán por completo el coste asociado.

Por otro lado, el documento también prevé un ligero aumento en los gastos administrativos. Seguridad Social contratará personal especializado para gestionar los informes sobre morbilidad y siniestralidad en las profesiones que solicitan los coeficientes reductores. Estos informes, que ahora incluyen más indicadores como la incapacidad temporal por contingencias comunes, representan una mayor carga de trabajo y costos adicionales estimados en 163,739 euros para personal y 16,053 euros para gestión administrativa.

Revisión y modificaciones

Los coeficientes se podrán revisar cada diez años y, en caso de que las condiciones laborales mejoren, podrían modificarse o incluso eliminarse. Asimismo, el decreto contempla la creación de un grupo de trabajo para analizar la dimensión de género en la aplicación de los coeficientes reductores, cuyo informe deberá estar listo seis meses después de la entrada en vigor de la normativa.

Con esta nueva normativa, el Ministerio de Inclusión busca equilibrar la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada en sectores de alta peligrosidad con el mantenimiento de la sostenibilidad financiera del sistema. Las empresas y trabajadores asumirán el costo de este adelanto a través de un incremento en las cotizaciones, garantizando un impacto presupuestario neutro, aunque con ciertos costos administrativos adicionales.