Exsecretario de Finanzas de Sinaloa se entrega a autoridades en EE.UU. por caso Los Chapitos

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, habría sido detenido o entregado voluntariamente a autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con reportes difundidos este viernes 15 de mayo por medios nacionales, en medio de la investigación federal que involucra a funcionarios señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa.

La versión fue adelantada por el especialista en seguridad Eduardo Zerón García, quien aseguró que tanto Díaz Vega como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal, se entregaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mientras la entrega de Mérida ya fue confirmada por el Gabinete de Seguridad federal, la situación jurídica de Díaz Vega aún no ha sido oficialmente notificada por autoridades mexicanas o estadounidenses.

En un inicio trascendió que el exfuncionario sinaloense se habría presentado ante un consulado estadounidense en Europa. Sin embargo, reportes recientes señalan que la entrega ocurrió directamente en Nueva York, aunque hasta ahora no se han revelado detalles sobre el procedimiento ni sobre los cargos inmediatos que enfrentaría.

Díaz Vega, de 50 años, aparece dentro de la acusación formal presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York junto al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La investigación estadounidense incluye delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, así como posesión de armas de alto poder y dispositivos destructivos.

Según el expediente judicial, el exsecretario habría fungido como enlace político entre Rocha Moya y líderes de Los Chapitos, encabezados por Iván y Alfredo Guzmán Salazar. La acusación sostiene que el funcionario transmitía mensajes entre ambas partes y coordinaba información sensible vinculada a las operaciones del grupo criminal.

Acusan presión contra adversarios políticos

El documento judicial señala que, previo a las elecciones estatales de 2021, Enrique Díaz Vega presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de Los Chapitos para entregar datos personales y domicilios de adversarios políticos de Rubén Rocha Moya, con el objetivo de intimidarlos y forzarlos a abandonar la contienda electoral.

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta estrategia buscaba asegurar el control político en Sinaloa y proteger las operaciones de narcotráfico de la organización criminal dentro de estructuras gubernamentales.

La acusación también menciona que Díaz Vega y Enrique Inzunza Cázarez habrían impulsado el nombramiento de funcionarios afines en puestos estratégicos del gobierno estatal para blindar las actividades ilícitas del grupo criminal y facilitar el flujo de información entre autoridades y operadores del cártel.

Caso Gerardo Mérida agrava presión sobre Sinaloa

El avance de las investigaciones coincide con la captura de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien fue arrestado en Arizona tras entregarse voluntariamente a autoridades estadounidenses. El general retirado es acusado de recibir sobornos de Los Chapitos a cambio de brindar protección a sus operaciones.

Mérida cruzó hacia Estados Unidos por la garita de Nogales, luego de salir de Hermosillo, Sonora, pese a que previamente había obtenido un amparo en México para frenar una posible detención o extradición. Actualmente enfrenta proceso judicial en Nueva York.

FGR rechazó detenciones provisionales

El pasado 1 de mayo, la Fiscalía General de la República rechazó ejecutar detenciones provisionales solicitadas por Estados Unidos al considerar que no existían pruebas suficientes para justificar la medida cautelar. Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que la petición estadounidense correspondía únicamente a un mecanismo preventivo y no a una solicitud formal de extradición. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”, declaró el funcionario.