La Unión Europea ha anunciado una nueva regulación que marcará un antes y un después en el uso del dinero en efectivo dentro de los países miembros. A partir de 2027, se establecerá un límite único de 10,000 euros para las transacciones en metálico, una medida diseñada para frenar actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta decisión busca eliminar las diferencias actuales entre los marcos regulatorios nacionales, que permiten disparidades significativas en los límites establecidos.
En la actualidad, las regulaciones sobre pagos en efectivo varían ampliamente entre los Estados miembros. Países como Alemania, Austria, Irlanda y Luxemburgo no imponen restricciones específicas, permitiendo transacciones sin un límite fijo. Por el contrario, otras naciones como Francia fijan un tope de 1,000 euros, mientras que en Bélgica, Italia y Portugal el límite asciende a 3,000 euros. Polonia, por su parte, permite pagos en efectivo de hasta 15,000 euros. Estas diferencias han sido señaladas como un factor que facilita actividades ilegales en la región.
Con la implementación de un límite común, todos los países de la UE estarán obligados a respetar el umbral de 10,000 euros. No obstante, cada Estado tendrá la opción de establecer restricciones más severas si lo considera necesario. España, por ejemplo, ya aplica un límite de 1,000 euros para pagos en efectivo entre particulares y empresas, lo que la sitúa entre los países con normativas más estrictas.
La decisión ha generado debates en países como Austria y Alemania, donde no existían límites previos. Críticos argumentan que estas restricciones podrían afectar la privacidad y la libertad financiera de los ciudadanos. Sin embargo, el eurodiputado neerlandés Paul Tang, impulsor de la iniciativa, defendió la medida afirmando que “evitará que los delincuentes de cuello blanco utilicen efectivo para adquirir bienes de lujo como coches, yates o jets privados”.
El límite a los pagos en efectivo no es la única restricción que aplica la UE. Actualmente, para desplazarse dentro de la Unión Europea, los ciudadanos pueden portar hasta 10,000 euros sin necesidad de declaración. Si se supera esta cantidad, es obligatorio informar a las autoridades a través de un formulario específico. En viajes fuera de la UE, esta declaración también es obligatoria cuando se llevan más de 10,000 euros o su equivalente en otras monedas.
Estas normativas buscan evitar el movimiento de grandes sumas de dinero que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas. Las sanciones por incumplirlas incluyen multas económicas y la posible confiscación del efectivo.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja priorizar el uso de tarjetas de crédito frente al efectivo durante los viajes internacionales, aunque también recomienda llevar una pequeña cantidad de dinero en metálico para emergencias.
La unificación de los límites para pagos en efectivo dentro de la UE representa un paso significativo en la lucha contra el crimen financiero. Aunque la medida genera cierta controversia, su objetivo es claro: garantizar una mayor transparencia y seguridad en las transacciones económicas. A medida que se acerque la fecha de implementación, los ciudadanos deberán adaptarse a esta nueva realidad y considerar alternativas más seguras y trazables para sus operaciones financieras.
