Ministerio Público investiga red de explotación sexual en el Congreso peruano

Un nuevo escándalo ha puesto al Congreso de la República bajo la lupa. Jorge Luis Torres Saravia, exjefe de la Oficina Jurídica y Constitucional del Parlamento, enfrenta acusaciones por liderar una presunta red de explotación sexual al interior de esta institución. La investigación, liderada por el Ministerio Público, busca esclarecer un entramado que, según diversas fuentes, afectó a mujeres no identificadas.

El caso tomó relevancia tras una denuncia realizada en el programa de televisión Willax, que señaló a Torres Saravia como cabecilla de esta red. Para llevar a cabo estas operaciones, habría contado con la colaboración de Andrea Vidal Gómez, una abogada que, bajo la fachada de contratar “secretarias” y “asesoras”, presuntamente reclutaba a mujeres para estos fines.

La relación entre Torres Saravia y Vidal Gómez se torció en septiembre pasado, tras una disputa que derivó en el despido de Vidal. Lo que siguió fue una cadena de eventos cada vez más oscuros. El 9 de diciembre, la abogada fue atacada por sicarios mientras viajaba en un taxi por el distrito de La Victoria. Más de 40 disparos fueron realizados contra el vehículo, matando al conductor en el acto y dejando a Vidal gravemente herida. La joven falleció tras una semana de lucha por su vida en el Hospital 2 de Mayo.

Ante estos hechos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro, abrió una investigación preliminar contra Torres Saravia. “El despacho ha dispuesto que la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional efectúe las diligencias necesarias para esclarecer los hechos”, informó la institución a través de sus redes sociales.

La parlamentaria Patricia Chirinos, de Renovación Popular, también se pronunció, exigiendo justicia. En un mensaje publicado en X (antes Twitter), manifestó: “Lamentable y condenable lo ocurrido con Andrea Vidal Gómez. Exigimos una exhaustiva investigación sobre este oscuro caso, que involucra a figuras de poder y una red de prostitución que operaba en el Congreso”.

La denuncia también ha llevado al Congreso a tomar medidas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, anunció el inicio de una investigación exhaustiva para esclarecer las acusaciones que empañan la imagen de la institución. En declaraciones públicas, afirmó que no se descartará ninguna línea de investigación y que se indagará también sobre posibles encubrimientos dentro de la Mesa Directiva.

Ricardo Valdez, exviceministro del Interior, explicó que la red de explotación sexual podría formar parte de una organización criminal estructurada en tres niveles: los organizadores, quienes facilitaban la operación administrativa, y los beneficiarios. Aunque el paradero de Torres Saravia es desconocido, su nombre resuena como el principal señalado en este caso.

Este escándalo subraya la urgente necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas. Las investigaciones en curso serán clave para determinar las responsabilidades y llevar justicia a las víctimas de esta presunta red de explotación. La opinión pública exige respuestas, y las autoridades tienen en sus manos la oportunidad de restaurar la confianza en el sistema. Lo que ocurra en las próximas semanas marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el país.