Alza sin precedentes en la violencia durante el proceso electoral mexicano
La escalada de violencia electoral en México, con un promedio de 2.2 víctimas diarias, pone en alerta la integridad del proceso y la estabilidad democrática.
El actual proceso electoral en México ha alcanzado niveles alarmantes de violencia, marcando un hito histórico en la nación. Desde el 7 de septiembre de 2023 hasta el 21 de abril del presente año, se han registrado un total de 386 incidentes, dejando un saldo trágico de 501 víctimas.
Un análisis realizado por Integralia ha revelado que esta ola de violencia no muestra signos de disminuir. Con un promedio diario de 2.2 víctimas, se proyecta que el número total de afectados podría llegar a alcanzar los 600, duplicando así las cifras reportadas en los comicios federales anteriores. Este sombrío panorama contrasta con el proceso electoral más violento previo, registrado en 2017-2018, con 382 casos documentados.
La intervención del crimen organizado en el proceso electoral representa una preocupante realidad para la democracia mexicana. Según el estudio de Integralia, 15 estados enfrentan un riesgo alto o muy alto de influencia del crimen en sus elecciones locales. Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos son algunas de las entidades identificadas como áreas con un dominio significativo del crimen organizado, donde hasta el 80% del territorio está bajo su control o en disputa.
Los candidatos de oposición son los más afectados por estas agresiones, con 107 casos registrados. Además, los partidos Morena, PT y Verde encabezan la lista en cuanto a víctimas mortales, con 17 ataques letales. Sin embargo, también se han reportado agresiones contra candidatos oficialistas, destacando el caso de Guerrero, donde se han registrado 11 incidentes, evidenciando la compleja dinámica de violencia política en el país.
Esta situación no solo amenaza la integridad de las elecciones, sino que también plantea desafíos significativos para la estabilidad política y social del país. Urge que las autoridades reconozcan esta problemática y tomen medidas urgentes para salvaguardar el proceso democrático y proteger a la ciudadanía.