
La polémica crece en Perú tras el aumento salarial de la presidenta
La presidenta de Perú pasa de ganar US$4,500 a US$10,000 al mes, mientras su aprobación alcanza un mínimo histórico de solo 3%.
En un momento de profunda impopularidad, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha desatado una ola de críticas tras emitir un decreto que duplica su salario, pasando de 16.000 soles mensuales (unos US$4,500) a 35.500 soles (alrededor de US$10,000). La decisión ha sido percibida por amplios sectores como insensible, dado que se produce mientras la mandataria enfrenta un nivel de aprobación históricamente bajo, de apenas 3% según una encuesta de Datum Internacional.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, justificó el incremento argumentando que el salario presidencial se encontraba entre los más bajos de la región, solo por encima del de Bolivia, y que el nuevo monto lo equipara al promedio de otros 11 países latinoamericanos. Sin embargo, el funcionario no precisó qué naciones fueron tomadas como referencia, sembrando dudas sobre la base comparativa utilizada para sustentar la medida.
Este aumento significa que la presidenta peruana percibirá un sueldo casi 35 veces superior al salario mínimo del país, fijado en 1.025 soles mensuales (US$288). En un contexto de creciente desigualdad y dificultades económicas para amplios sectores de la población, la noticia ha sido catalogada en redes sociales como un acto de “indignidad” y “escándalo”, reflejando la frustración social con el gobierno.
La controversia se agrava porque Boluarte asumió la presidencia en diciembre de 2022 sin haber sido elegida por voto popular, sino tras la destitución de Pedro Castillo, en su calidad de vicepresidenta. Su gestión ha estado marcada por protestas, investigaciones por presunta corrupción y cuestionamientos sobre su liderazgo frente a problemas como el incremento de la inseguridad ciudadana.
La indignación se vio reflejada recientemente en la visita de Boluarte a Arequipa, donde su vehículo oficial fue apedreado y recibió huevazos. Estos incidentes ilustran el creciente rechazo a su administración, que, lejos de revertirse, parece intensificarse ante decisiones como el alza de su remuneración, percibida por muchos como desconectada de la realidad que viven millones de peruanos.










