Maduro anuncia reforma constitucional en medio de denuncias de fraude electoral

En medio de fuertes presiones internacionales tras el fraude electoral denunciado por la oposición, el dictador venezolano Nicolás Maduro anunció la creación de un equipo de asesores nacionales e internacionales para llevar a cabo una “gran reforma constitucional”. Este anuncio se presenta bajo la promesa de “democratizar aún más la sociedad venezolana y empoderar al ciudadano”, según sus propias palabras.

Sin embargo, los antecedentes del régimen chavista han encendido las alarmas entre analistas y organizaciones internacionales. La falta de detalles sobre el contenido y alcance de esta reforma alimenta la sospecha de que podría ser otro movimiento para afianzar el control autoritario del país.

Las modificaciones a la Constitución han sido una herramienta recurrente del chavismo para concentrar el poder. En 1999, Hugo Chávez impulsó una nueva Carta Magna que fue aprobada en un referendo con el 71 % de los votos, aunque el proceso estuvo marcado por una alta abstención y un desastre natural que impactó el norte del país. Años más tarde, en 2009, Chávez lideró una enmienda que permitió la reelección indefinida, una herramienta que Maduro ha utilizado para perpetuarse en el poder.

El caso más reciente de una reforma constitucional fallida fue la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2017. Creada sin un referendo consultivo, esta instancia fue criticada por su ilegitimidad y terminó siendo utilizada como un instrumento de represión contra la oposición. Aunque nunca redactó una nueva Constitución, la ANC concentró poderes extraordinarios en el Ejecutivo y levantó la inmunidad parlamentaria de numerosos diputados opositores.

El anuncio de esta nueva reforma ocurre a pocas semanas de que Maduro asuma su próximo mandato presidencial el 10 de enero, tras unas elecciones ampliamente consideradas fraudulentas. En este contexto, el Parlamento controlado por el chavismo ha aprobado recientemente modificaciones en leyes electorales y comunales, así como una nueva ley de justicia comunitaria que otorga mayores competencias a jueces de paz vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Estas acciones han sido interpretadas por observadores como parte de un esquema destinado a consolidar el control del régimen sobre las instituciones del país, debilitando aún más cualquier contrapeso democrático.

Mientras tanto, la situación de los derechos humanos en Venezuela sigue siendo crítica. Organizaciones como Foro Penal y Provea denuncian que 1,877 presos políticos permanecen detenidos, muchos de ellos arrestados tras las protestas por el fraude electoral del 28 de julio. Aunque el régimen liberó recientemente a 533 detenidos, estas medidas han sido calificadas como insuficientes por las ONG, que exigen una Navidad sin presos políticos.

Por su parte, Maduro insistió en que no existen presos por motivos políticos en el país, afirmando que los detenidos son personas que “atacaron, amenazaron, agredieron y mataron” durante las protestas postelectorales. Sin embargo, diversas denuncias aseguran que muchas de estas personas no estaban involucradas en actos violentos y fueron arrestadas arbitrariamente.

El anuncio de una nueva reforma constitucional por parte de Maduro plantea más preguntas que respuestas. Si bien el dictador asegura que busca consolidar la “soberanía nacional” y “empoderar al ciudadano”, los antecedentes del chavismo y las recientes acciones del régimen sugieren lo contrario. Con una comunidad internacional cada vez más crítica y una oposición debilitada, el futuro de Venezuela parece seguir atrapado en una espiral de autoritarismo y represión. Las promesas de democratización no solo carecen de credibilidad, sino que también amenazan con perpetuar el control absoluto del chavismo sobre el país.