Maduro busca asegurar un salvoconducto hacia Rusia o Cuba deteniendo a extranjeros

Ante una inminente crisis política que amenaza su permanencia en el poder, Nicolás Maduro ha adoptado una estrategia desesperada: el secuestro de ciudadanos extranjeros para utilizarlos como moneda de cambio. Según información reciente, cerca de 20 personas de distintas nacionalidades estarían retenidas de manera ilegal por el régimen venezolano, en un intento por garantizar un salvoconducto hacia países aliados como Rusia o Cuba.

El escenario recuerda la reciente caída del dictador sirio Bashar Al Assad, quien perdió el poder y buscó refugio en Rusia tras el colapso de su gobierno. Maduro teme un desenlace similar, especialmente tras el fraude electoral que impidió la asunción de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, ganadores de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Entre los secuestrados se encuentra el gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo, quien viajó desde Colombia a Venezuela para visitar a su pareja. Gallo, integrante del escuadrón 27 de “Uspallata” en Mendoza, fue acusado sin pruebas por el régimen de espionaje, pese a no tener vínculos con operaciones de inteligencia. La detención de Gallo motivó al canciller argentino Gerardo Werthein a iniciar una ofensiva diplomática, que se ha visto limitada por la falta de apoyo de Brasil, Colombia y México, así como por la postura ambigua de la ONU.

El caso Gallo no es aislado. Entre los detenidos también se encuentran: Fabián Buglione, uruguayo residente en Estados Unidos, quien figura como desaparecido. Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, peruano capturado junto a su novia y una amiga mientras visitaba a la familia de esta. Dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez, detenidos en el Amazonas y acusados de ser "terroristas". Jorge Marcelo Vargas, de doble nacionalidad estadounidense y boliviana, arrestado por tomar fotos en refinerías. El informe también incluye a otros ciudadanos de Ecuador, Perú y Estados Unidos, todos en manos del aparato represivo de Maduro.

Esta no es la primera vez que el régimen venezolano utiliza detenidos extranjeros para obtener ventajas diplomáticas. En un caso anterior, Maduro logró intercambiar a su testaferro Alex Saab, extraditado a Estados Unidos por cargos de corrupción, por diez ciudadanos estadounidenses. Este precedente parece ser la base de su estrategia actual, orientada a negociar su salida del poder.

Con la asunción presidencial ilegal de Maduro programada para el 10 de enero de 2025, la tensión en el Palacio de Miraflores aumenta. La posibilidad de una reacción masiva de la sociedad venezolana preocupa al dictador, quien busca garantizar su huida antes de que una crisis institucional se desate.

El canciller Werthein ha encontrado un obstáculo significativo en la apatía de otros países latinoamericanos, como Brasil, que, pese a tener representación diplomática en Venezuela, ha hecho poco por intervenir en el caso Gallo. Además, la transición de poder en Estados Unidos complica la posibilidad de acción rápida desde Washington, dejando a Werthein con pocas opciones.

Mientras tanto, Maduro aprovecha el debilitamiento de la unidad regional y las fracturas ideológicas para negociar desde una posición de fuerza. Su objetivo no es solo garantizar su seguridad personal, sino también la de su familia y los altos mandos del régimen.

La utilización de ciudadanos extranjeros como piezas de negociación refleja la desesperación de un régimen en decadencia. La estrategia de Maduro, sin embargo, no está exenta de riesgos: una reacción internacional coordinada podría acelerar su caída y complicar su huida. Mientras tanto, las familias de los secuestrados esperan con angustia una resolución que parece lejana, en un contexto donde la tensión política y social sigue escalando en Venezuela.