El Gobierno de EE. UU. considera inconstitucional la ley antiinmigración de Texas

La Administración de Joe Biden ha lanzado una advertencia contundente a Texas, amenazando con entablar una demanda por la controversial ley SB4.  Programada para entrar en vigor el 5 de marzo, esta normativa, considerada una de las más estrictas contra la inmigración irregular en Estados Unidos.

La ley otorga a las autoridades locales la capacidad de detener e iniciar procesos de deportación sin papeles. Ante esto, el Gobierno federal sostiene que la SB4 viola la Constitución y ha anunciado su intención de llevar el caso a los tribunales si la ley se implementa.

El Departamento de Justicia, encabezado por el fiscal general Merrick Garland y su mano derecha, Brian Boynton, ha instado a Texas a abstenerse de aplicar la SB4, argumentando su inconstitucionalidad y la potencial interferencia con las operaciones federales. La respuesta de las autoridades locales se espera antes del 3 de enero de 2024.

La SB4 introduce nuevos delitos para quienes ingresen ilegalmente al estado y carezcan de ciudadanía estadounidense, permitiendo a jueces locales iniciar procesos de deportación. La mayoría republicana del Congreso respalda esta legislación, pero el Gobierno federal argumenta que otorga funciones a las autoridades locales que corresponden a funcionarios federales, como la regulación de la inmigración y el control de las fronteras internacionales.

La respuesta del gobernador Abbott no se hizo esperar, denunciando la hostilidad y acusando a la Administración de Biden de obstruir los esfuerzos de Texas por hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes. Abbott ha adoptado medidas controvertidas previamente, como enviar personas a ciudades demócratas y proponer un muro flotante en el río Bravo, enfrentándose a acciones legales por parte del Gobierno federal para frenar sus estrategias.