México se prepara para una elección histórica en el Poder Judicial

México celebrará este 2 de junio una elección sin precedentes en su historia: más de 3,000 candidaturas se someterán al voto popular para renovar al Poder Judicial de la Federación. Por primera vez, los ciudadanos podrán elegir directamente a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a cientos de jueces y magistrados en todo el país.

En total, están en juego 881 cargos clave, entre ellos magistrados electorales, jueces de distrito y miembros del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Esta reforma, impulsada en 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca democratizar las instituciones judiciales y combatir la corrupción en sus filas.

Sin embargo, la reforma ha generado una ola de críticas tanto en el ámbito nacional como internacional. Diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en derecho señalan que esta medida podría poner en riesgo la independencia judicial y abrir las puertas a intereses políticos y del crimen organizado. La elección ha despertado incertidumbre sobre la capacidad técnica de los candidatos, la falta de regulación en sus campañas y el escaso conocimiento ciudadano sobre los perfiles en competencia.

Uno de los puntos más sensibles del proceso es la amenaza que representa para la autonomía del Poder Judicial. Instituciones como México Unido Contra la Delincuencia y el Laboratorio de Derecho de la Universidad de Stanford han advertido que el mecanismo electoral podría comprometer la imparcialidad de los jueces, al hacerlos dependientes del respaldo popular y de posibles financiadores de campaña. La posibilidad de que candidatos sin preparación técnica suficiente ocupen cargos clave ha encendido alertas sobre la calidad de la justicia que se impartirá a partir de esta elección.

Controversias por perfiles y baja participación esperada

A la complejidad del proceso se suma la polémica por la postulación de perfiles vinculados al crimen organizado o con antecedentes penales. Entre los casos más notorios figuran aspirantes condenados por delitos relacionados con drogas, otros acusados de abuso sexual y corrupción, e incluso personas cercanas a antiguos líderes de cárteles. Frente a esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado al Tribunal Electoral que revise y, si es necesario, invalide las candidaturas con posibles nexos delictivos.

El Instituto Nacional Electoral estima una participación de entre el 18 % y el 20 % del electorado, muy por debajo de la registrada en la elección presidencial de 2024. Pese a que el 72 % de los encuestados considera necesario el cambio en el Poder Judicial, más del 75 % desconoce quiénes son los candidatos o cuándo se celebrarán los comicios. La plataforma digital “Conóceles”, habilitada por el INE, intenta facilitar el acceso a la información, pero su impacto ha sido limitado. Más allá del resultado inmediato, esta elección judicial representa un experimento democrático cuyos efectos se medirán a mediano plazo.