Brasil impone nuevas restricciones judiciales a Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta nuevas medidas cautelares impuestas por el Supremo Tribunal Federal (STF), que incluyen el uso obligatorio de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales y restricciones para comunicarse con diplomáticos y aliados políticos clave. La Policía Federal realizó un allanamiento en su domicilio este viernes, en el marco de una investigación por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Las autoridades justifican las medidas por el riesgo de fuga del exmandatario, en momentos en que su hijo Eduardo Bolsonaro realiza gestiones en Estados Unidos para obtener apoyo político y mediático.

El caso ha escalado en el plano internacional, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara su respaldo público a Bolsonaro. En una carta difundida en redes, Trump lo calificó como víctima de “un sistema injusto” y pidió el fin inmediato del juicio en su contra. Como señal de presión, el mandatario estadounidense anunció un arancel del 50% a las importaciones brasileñas, una decisión que, según declaraciones del propio Bolsonaro, responde a los esfuerzos de su hijo Eduardo para influir desde Washington.

Las restricciones impuestas incluyen el confinamiento domiciliario parcial entre las 19:00 y las 7:00 horas, la prohibición de acercarse a embajadas o mantener contacto con otros procesados en el mismo caso. Según medios brasileños, estas nuevas órdenes se derivan de un video reciente en el que Bolsonaro agradece públicamente a Trump su respaldo. La fiscalía sostiene que existe una estrategia coordinada para interferir en el proceso judicial desde el exterior, lo que eleva el perfil geopolítico de esta causa.

Bolsonaro ha rechazado las acusaciones, calificando el juicio como “una investigación política” sin pruebas concretas, y denunció que el sistema judicial está “sofocando” a la derecha con miras a las elecciones de 2026, en las que ya está inhabilitado por decisiones previas. El exmandatario también reconoció que ha contemplado viajar a EE.UU. para “negociar personalmente” con Trump los aranceles, pese a que tiene el pasaporte retenido y está legalmente impedido de salir del país.

El expresidente brasileño enfrenta cinco cargos penales, entre ellos golpe de Estado y abolición violenta del Estado de derecho, por su presunta participación en un plan para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. La evolución del proceso no solo afecta la política interna de Brasil, sino que tensiona las relaciones con Estados Unidos y abre interrogantes sobre la influencia internacional en procesos judiciales nacionales.