Congresistas investigados impulsan ley que beneficia a organizaciones criminales

La promulgación de la Ley 32108 ha generado una fuerte controversia en el país debido a las implicaciones que tiene en el combate a las organizaciones criminales y los beneficios que otorga a congresistas bajo investigación. Entre los parlamentarios favorecidos por la normativa se encuentran Waldemar Cerrón, Patricia Chirinos y Darwin Espinoza, quienes enfrentan graves acusaciones por delitos relacionados con organización criminal.

Aprobada a inicios de agosto, la Ley 32108 redefine el concepto de organización criminal, generando preocupación entre diversas instituciones que advierten que esto podría retrasar los allanamientos y complicar la persecución de estructuras delictivas. No obstante, para algunos congresistas, la ley es necesaria. Américo Gonza, parlamentario de Perú Libre, afirmó que la norma cierra un vacío legal que permitía que los fiscales “negociaran la libertad de los criminales”. Sin embargo, este argumento ha sido fuertemente cuestionado por organizaciones que consideran que el verdadero objetivo de la ley es proteger a políticos bajo investigación.

Vinculación directa con casos emblemáticos

Entre los principales beneficiarios de la ley se encuentran los congresistas Waldemar Cerrón, vinculado al caso "Los Dinámicos del Centro", y Darwin Espinoza, investigado en el marco del caso "Los Niños". Cerrón, autor de la polémica normativa, intentó utilizarla para archivar su caso por organización criminal, aunque los jueces han rechazado la aplicación de la norma en su proceso. La Fiscalía sostiene que la ley fue diseñada para blindar a políticos como Cerrón, quienes están implicados en investigaciones complejas y de alto perfil.

Por su parte, Espinoza, junto a otros congresistas, ha sido acusado de integrar una red que habría colaborado con el expresidente Pedro Castillo para obtener favores de un cambio de su apoyo en el Congreso. El caso, conocido como "Los Niños", involucra a varios legisladores que habrían negociado cargos públicos para sus allegados a cambio de bloquear la vacancia presidencial de Castillo.

Congresistas bajo la lupa

Además de Cerrón y Espinoza, otros políticos señalados en investigaciones por organización criminal han sido mencionados como beneficiarios de la Ley 32108. Patricia Chirinos, de Avanza País, enfrenta serias acusaciones por haber coordinado acciones contra la Junta Nacional de Justicia, presuntamente en complicidad con la Exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. También se le acusa de haber promovido una moción para investigar a la JNJ, un organismo clave en el sistema judicial peruano.

Por su parte, Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular, es investigada por presuntamente haber solicitado la destitución de fiscales clave en el caso Lava Jato, lo que ha generado sospechas de una posible injerencia política en las investigaciones de corrupción.

Blindaje político para evitar la derogación

El apoyo a la Ley 32108 proviene principalmente de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre, cuyas bancadas votaron en bloque para aprobar la norma. Entre los legisladores que se opusieron a su derogación destacan figuras como Rosangella Barbarán, Martha Moyano y Patricia Juárez, de Fuerza Popular, así como Waldemar Cerrón y Américo Gonza, de Perú Libre.

A pesar de las crecientes críticas, estas bancadas defienden la ley argumentando que fortalece la lucha contra el crimen organizado, aunque sus detractores sostienen que, en realidad, obstaculizan las investigaciones judiciales y protegen a políticos corruptos.

El papel de la justicia

La respuesta del sistema judicial ha sido contundente en algunos casos. El juez Richard Concepción Carhuancho declaró inaplicable la ley en el proceso "Waykis en la Sombra", donde los implicados buscaban beneficiarse de la nueva normativa. Sin embargo, persiste el temor de que la ley continúe favoreciendo a políticos investigados, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro de importantes casos judiciales.

Implicancias a nivel internacional

Otro aspecto que ha generado controversia es la posible contradicción de la Ley 32108 con los tratados internacionales suscritos por Perú en materia de lucha contra el crimen organizado. Diversos expertos han advertido que la normativa podría generar un retroceso en los avances logrados hasta el momento en la cooperación internacional para combatir redes delictivas transnacionales.

Reacciones y futuro de la ley

Diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito académico han expresado su preocupación ante el impacto de la ley. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y Transparencia Internacional han solicitado una revisión profunda de la norma y han alertado sobre los riesgos que implica mantenerla en vigor. Asimismo, algunos congresistas que inicialmente apoyaron la ley han comenzado a mostrar signos de arrepentimiento ante la presión pública.

Mientras el debate continúa, el futuro de la Ley 32108 sigue siendo incierto. La sociedad peruana, que enfrenta una creciente ola de criminalidad, espera respuestas concretas del Congreso y la justicia, en un contexto en el que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado parece más vulnerable que nunca.