Bolivia pone fecha para las elecciones judiciales en plena crisis institucional

Bolivia finalmente ha definido el 1 de diciembre como la fecha para llevar a cabo las elecciones judiciales, un proceso que debería haberse realizado el año pasado, pero que fue pospuesto debido a diversos obstáculos políticos. La decisión fue anunciada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, quien también informó que se ha asignado un presupuesto de 183 millones de bolivianos (aproximadamente 26 millones de dólares) para financiar el evento.

Desde 2009, Bolivia ha implementado un sistema sui generis a nivel mundial, donde los magistrados de los altos tribunales judiciales son elegidos a través del voto popular. Este proceso, aunque único, ha estado marcado por complicaciones y críticas. Las elecciones anteriores, realizadas en 2011 y 2017, fueron notables por la falta de información que la población tenía sobre los candidatos, quienes no pueden realizar campaña electoral, lo que llevó a muchos votantes a acudir a las urnas "a ciegas".

El retraso en la realización de las elecciones exacerbó la crisis institucional en Bolivia. Desde el año pasado, la elección de magistrados se vio postergada debido a la falta de consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ningún partido cuenta con la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria. Este estancamiento provocó una serie de recursos judiciales que obligaron a modificar reglamentos, lo que a su vez postergó indefinidamente la elección.

Ante la falta de elecciones, las actuales autoridades judiciales decidieron extender sus mandatos, que originalmente debían finalizar en 2023, hasta que se eligieran nuevos jueces. Esta "autoprorrogación" fue respaldada por el gobierno de Luis Arce, pero generó un intenso debate sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por estos magistrados, quienes, según críticos, limitaron las facultades de la Asamblea Legislativa y debilitaron el Estado de Derecho.

La controversia continuó en febrero de este año, cuando, tras semanas de protestas lideradas por Evo Morales contra la extensión de los mandatos, se convocaron elecciones para junio. Sin embargo, la preselección de candidatos fue suspendida debido a la falta de acuerdos políticos y a más de una treintena de amparos constitucionales que paralizaron el proceso.

A pesar de la expectativa generada en torno a la votación de diciembre, la crisis judicial en Bolivia va mucho más allá de la elección de magistrados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado problemas crónicos como la retardación de los procesos, la falta de acceso a la justicia, la ausencia de independencia judicial y el manejo de la justicia en función de los intereses del poder político.

Aunque la convocatoria a elecciones judiciales representa un intento por resolver la actual crisis institucional, no es una solución suficiente para los problemas estructurales que enfrenta el sistema judicial en Bolivia. La elección de nuevos jueces, sin una reforma profunda, difícilmente revertirá la crisis de confianza y legitimidad que aqueja al país. La verdadera solución requiere un compromiso político y social más amplio para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una justicia verdaderamente independiente.