Perú: primeras capturas durante el Estado de emergencia

Durante el primer día de Estado de emergencia, el Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Angulo, informó que se incautaron cinco armas de fuego y se detuvieron a 50 individuos. Asimismo, lograron desmantelar seis bandas criminales en el distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los municipios más afectados por la creciente ola de violencia en la capital. 

Un hecho particularmente inquietante fue la detención de un adulto y un menor de edad, ambos de nacionalidad venezolana, en posesión de una granada de guerra similar a la utilizada en el reciente atentado en una discoteca del distrito.

Además, se produjo la detención de dos ciudadanos colombianos que operaban bajo la modalidad de la extorsión conocida como "gota a gota". Estos individuos tenían en su poder un revólver y una granada de guerra tipo piña.

Pero las acciones de las fuerzas de seguridad no se limitaron a la persecución de bandas criminales. Los agentes de la policía abordaron autobuses de transporte público para solicitar documentos de identidad a los pasajeros, lo que resultó en la detención de personas con órdenes de arresto pendientes. 

Por otro lado, la División de la Policía Motorizada "Los Halcones" intervino en la vía pública, deteniendo a individuos que estaban consumiendo alcohol y drogas en las calles.

Restricciones a los derechos 

La declaración del Estado de emergencia no solo permitió la intervención de las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno, sino que también conlleva la restricción y suspensión de derechos fundamentales. 

Según el Decreto Supremo, se suprimieron los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Es así, que se prohibieron los eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las cuatro de la madrugada en las jurisdicciones señaladas.

Decreto Supremo en debate

El Decreto Supremo 105-2023, publicado en el diario oficial El Peruano, abarcó nueve distritos, incluyendo dos en Lima y siete en la provincia de Sullana, Piura.

La disposición considera a los municipios limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. En el caso de Sullana, serán los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa. Esta medida se mantendrá en vigor durante los próximos 60 días calendario, es decir, hasta el 19 de diciembre.

A pesar de la aprobación del Estado de emergencia en estos lugares, algunos alcaldes expresaron su descontento por no haber extendido esta medida a todo Lima.

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, criticó esta decisión, argumentando que la delincuencia no conoce fronteras en la ciudad y que se necesita un despliegue militar más amplio para combatirla efectivamente.

Proyecto de ley contra el "Terrorismo urbano" 

En otro desarrollo importante, el Concejo de la Municipalidad de Lima debatirá este viernes el Proyecto de ley que tipifica como “terrorismo urbano” los delitos de robo, secuestro, extorsión y sicariato en sus formas agravadas, propuesto por Renzo Reggiardo. 

Esta propuesta abarca aquellos delitos cometidos con armas de guerra, granadas y/o explosivos que afecten la vida, la salud, el patrimonio, la libertad o la seguridad pública de las personas.

Sin embargo, el proyecto no incluye delitos relacionados con la alteración del orden público, manifestaciones o daños a la propiedad pública.