Senado mexicano aprueba polémica Ley de Telecomunicaciones

En medio de un encendido debate legislativo, el Senado de México aprobó en comisiones unidas una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El nuevo dictamen prohíbe la transmisión de mensajes propagandísticos emitidos por gobiernos extranjeros, tras la polémica generada por la difusión en canales nacionales de un anuncio estadounidense con contenido antiinmigrante. La iniciativa, promovida por el Ejecutivo federal, fue respaldada por 29 votos frente a 9 en contra y busca reforzar el control sobre los contenidos difundidos en los medios nacionales.

Los cambios legales también otorgan nuevas facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá la rectoría del sector y podrá solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales en casos de incumplimiento normativo. Esta disposición, contenida en el artículo 109 de la ley, ha generado inquietud en sectores políticos y organizaciones civiles, que advierten sobre posibles afectaciones a los derechos digitales y a la libertad de expresión en el país.

Cuestionamientos técnicos y riesgo internacional

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) manifestó su preocupación por los posibles conflictos legales e internacionales que podría generar la reforma. En su análisis, la organización subrayó que el dictamen aprobado por el Senado contiene elementos que contravienen disposiciones constitucionales y compromisos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en lo referente a la competencia y la independencia de los órganos reguladores. A juicio del IDET, la iniciativa representa un retroceso técnico y jurídico, al tratarse —según sus palabras— de una versión “remendada” de la reforma en telecomunicaciones aprobada en 2014, sin considerar adecuadamente el entorno actual.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el organismo es la centralización de funciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Antonio Peña Merino. Esta concentración, advierte, deja de lado a las secretarías de Estado que tradicionalmente han tenido participación en la política de telecomunicaciones, como Economía y Gobernación. 

Preocupaciones por posibles actos de censura

Representantes de los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo a la iniciativa. Denuncian que, bajo el argumento de proteger la soberanía y frenar intromisiones extranjeras, se están abriendo las puertas a una legislación con tintes autoritarios. Legisladores del PAN señalaron que la ATDT concentrará un poder excesivo al decidir qué contenidos pueden o no difundirse en medios tradicionales, redes sociales e internet. En palabras del senador Ricardo Anaya, “esta es una ley de censura disfrazada”.

Por su parte, organismos como la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instaron al Senado a incluir procesos de consulta amplios y a respetar estándares internacionales sobre libertad de expresión, privacidad y derechos digitales. Destacaron la necesidad de un marco normativo que no limite el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente en un contexto de creciente digitalización.

Desde el oficialismo, se insiste en que la reforma no busca censurar, sino proteger la paz social y evitar contenidos que fomenten la discriminación, especialmente cuando provienen del exterior. La senadora del PT, Lizeth Sánchez García, defendió que la nueva ley “no censura, sino que defiende la cohesión social”. Sin embargo, las posturas encontradas revelan un profundo debate sobre el equilibrio entre soberanía, seguridad digital y libertades individuales.