Acusan a Bolsonaro de planear un golpe que incluía envenenar a Lula

El fiscal general de Brasil presentó una imputación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusándolo de planificar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. De ser encontrado culpable, Bolsonaro podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, según establece el código penal brasileño.

La investigación, basada en un informe de 884 páginas entregado por la Policía Federal, expone un plan detallado que incluyó desestabilizar el sistema electoral, presionar a las fuerzas armadas y fomentar una revuelta popular. Además, según el fiscal general Paulo Gonet, el esquema incluía un intento de asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva mediante envenenamiento, así como a Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo y crítico declarado de Bolsonaro.

“Los miembros de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan de ataque a las instituciones democráticas, conocido como 'Puñal Verde y Amarillo'. Este plan fue informado al entonces presidente Bolsonaro, quien lo aceptó”, señaló Gonet en el documento.

Las pruebas presentadas incluyen manuscritos, mensajes intercambiados, archivos digitales y hojas de cálculo, que detallan el complot para desestabilizar el orden democrático. También se identificaron 33 personas involucradas en la conspiración, quienes serán investigadas junto al exmandatario.

El plan también buscaba redactar un decreto para dar aparente legalidad al golpe, mientras que se intentó presionar a altos mandos militares para que respaldaran las acciones ilegales. Entre las estrategias, se incluía sembrar desconfianza en el sistema electoral, utilizando discursos y maniobras para movilizar a sectores de la población.

El propio Bolsonaro, durante una visita al Senado en Brasilia, negó las acusaciones y calificó de infundados los cargos en su contra. “No tengo preocupación alguna. ¿Han visto el supuesto decreto golpista? Yo tampoco”, declaró ante la prensa. Su equipo legal también rechazó las imputaciones, calificándolas de "indignantes" y asegurando que el expresidente nunca respaldó ningún movimiento que amenazara el estado de derecho.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario y senador, cuestionó la falta de pruebas sólidas en las acusaciones. A través de la red social X, afirmó que las imputaciones eran “vacías” y responden a los “intereses nefastos de Lula”.

El camino judicial

El Tribunal Supremo analizará las pruebas y decidirá si acepta los cargos para llevar a Bolsonaro a juicio. Expertos jurídicos, como el abogado penalista Luis Henrique Machado, han descrito las acusaciones como “históricas”, subrayando la magnitud del caso y sus implicaciones para la democracia brasileña.

De ser llevado a juicio, el proceso podría iniciar antes de que finalice el próximo año. Bolsonaro enfrenta cargos por intento de golpe de Estado y por la abolición violenta del orden democrático, entre otros delitos graves.

La trama revelada por la Policía Federal destaca la gravedad de las acusaciones y el alcance de los presuntos actos para socavar el sistema democrático. Este caso marca un punto de inflexión en la historia política reciente de Brasil y subraya la importancia de defender las instituciones democráticas ante cualquier amenaza.

Las imputaciones contra Jair Bolsonaro representan un desafío significativo para el sistema judicial y político brasileño. Mientras el expresidente niega las acusaciones, el caso promete tener repercusiones profundas tanto en su futuro político como en la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas del país. El desenlace del proceso será clave para el fortalecimiento o debilitamiento de la democracia en Brasil.